La presión de las provincias del norte argentino logró ayer doblarle el brazo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al lograr imponer la creación de un fondo compensatorio de casi mil millones de pesos a cambio de la aprobación de la ley de presupuesto mínimo en la protección de los bosques nativos.
Como la iniciativa sufrió algunas modificaciones en su paso por la Cámara alta, ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para una segunda revisión, donde será muy difícil volver a la versión anterior ya que todos los cambios fueron aprobados ayer con mayoría de dos tercios de los presentes.
Luego de mantener detenida por dos semanas la iniciativa, el Gobierno debió ceder a la presión de los senadores norteños y conceder la creación de un fondo de compensación por las consecuencias económicas que traerá aparejada la suspensión de la tala de montes durante un plazo máximo de un año.
En ese lapso de tiempo, los estados provinciales deberán llevar a cabo un reordenamiento territorial interno que delimite con claridad las áreas de sus territorios con bosques nativos para su protección.
Una vez concretado este paso, que deberá ser aprobado por las legislaturas de cada provincia, esas zonas quedarán definitivamente protegidas de los desmontes por el plazo máximo de un año.
Fondo compensatorio
A cambio, las provincias del Norte consiguieron incluir en la iniciativa compensaciones por más de 900 millones de pesos. Este dinero surgirá de una partida equivalente al 0,3% del presupuesto nacional (unos 507 millones, si se toma como parámetro la ley aprobada para el presente ejercicio) y por el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, equivalente a otros 400 millones de pesos.
Esos fondos serán aplicados en un 30 por cuento a las provincias y en el restante 70 por ciento para compensar a emprendimientos privados que se verán afectados en lo económico por la suspensión de la tala de bosques.
La definición del reparto de esas reparaciones quedará sujeta a una discusión entre la autoridad nacional de aplicación, la Secretaría de Ambiente Humano.
Por último, el Senado también incluyó una excepción a la tala para aquellas propiedades de hasta 10 hectáreas que están en manos de pequeños productores y comunidades aborígenes.
Jueves 22 de Noviembre de 2007
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